(En la imagen principal, “Prometeo encadenado” (1612). Pedro Pablo Rubens y Frans Snyders)
El secesionismo. Un delito de Lesa Patria
Temas. Delito de sedición. Estado y nación. Estado de partidos. Constitución y Ley fundamental. Consenso político. Corrupción.
Entre la ingente corrupción que produce un Régimen autoritario sin representación política ni separación de poderes, como es el Estado de partidos o Partidocracia que es la forma de gobierno que está establecida en prácticamente toda Europa continental, menos en Francia y Suiza, se encuentra uno de los asuntos más peligrosos y más vergonzosos para una nación que no es otro que el secesionismo, o vulgarmente conocido por “independentismo”. Un asunto no poco delicado y que ha venido brotando en concreto en España durante todo el siglo XX, frenado por la Dictadura militar del General Franco, y que aparece con más fuerza que nunca en lo que llevamos de siglo XXI por las causas políticas de las que este artículo se hará cargo de mencionar. Del cual deriva, como veremos a continuación, todo tipo de corrupción.
A pesar de la inmensa gravedad de las acciones, reacciones y sucesos derivados en el proscenio social y político; los vastos trastornos inherentes a las causas que produce esta moción y deterioro de la objetividad del hecho histórico, que no solo se dan en las propias instituciones, que al verse impotentes quedan postergadas al chantaje y terminan inevitablemente en la ruina, el vicio y la desvergüenza, sino también, como es de esperar, inevitablemente, aparecen en la propia nación o en la población afectada, nacionales y aquellos habitantes que tienen que compartir región con la reacción separatista; la cantidad de fútiles y absurdos alegatos y propaganda de todo tipo que se viene experimentando en los últimos más de 40 años registrada en los medios y en la vivencia de la propia sociedad ofreciendo medios de solución al problema (terrorismo, asesinatos, mociones de censura, tránsfugas de diputados, cárceles, juicios, imputaciones, Decretos/Ley, acusaciones, pactos entre partidos estatales o mismamente las propias votaciones Generales, regionales o municipales del sistema proporcional de listas), lo cierto es que, todo el marco jurídico y sociopolítico que abarca el asunto del separatismo y el aspecto anómico que rebela resultante de la forma política, causalmente, este tema sólo se puede tratar y abordar en términos propios de la organización de las estructuras e instituciones administrativas del Estado. Esto es, del tipo y clase de relaciones de poder existentes y establecidas. No existe ni es posible, que no sea de esta manera, afrontar dicho asunto.
El Estado español, descentralizado en 17 Estados autonómicos sancionados en la Ley fundamental de 1978, otorga poder a cada una de esas Administraciones estatales desconcentrando al propio poder Central, es decir, quedando el poder del Estado mermado y desprovisto de control en cada región, más débil y haciéndose más dependiente de las exigencias particulares, ya sean políticas o económicas. En cambio, se ha producido un aumento en el número de instituciones y el dominio e injerencia, mucho mayor, del monopolio, o, mejor dicho, oligopolio, del poder estatal, mucho más desarrollado que existía en el Régimen anterior dictatorial, centralizado en cada una de cada una de las regiones. A consecuencia, podemos observar, por ejemplo, que cada región disponga de medidas administrativas totalmente diferentes y no respondan por igual a las medidas sancionadas de una determinada política del gobierno en funciones. No deseo entrar ahora en el asunto, porque no es explicativo de lo que este artículo quiere mostrar, que son las causas políticas, en la corrupción de las costumbres, tradiciones y usos representativos que produce este hecho político en cada región en particular, porque ese tema es una consecuencia del que empecé hablando, la organización política del Estado. No es pues, una cuestión de ideologías, ni de clases sociales, ni de propaganda partidista, ni siquiera de lo que comúnmente se llaman “nacionalismos”, sino que única y exclusivamente es una cuestión de Estado. Ya que, lo que se vino a llamar tras la Carta otorgada de 1978 en España, las “Autonomías”, no son delegaciones representativas de cada región, como equivocadamente creen o entienden así la mayoría de los españoles, sino que son ADMINISTRACIONES ESTATALES, EXTENSIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO CENTRAL.
En la actual forma de gobierno, el Estado de partidos, y según la sentencia del Tribunal Constitucional de la Jurisprudencia de Bonn en Alemania, todos los partidos, al entrar en la legalidad constitucional, adquieren una cualidad, condición y naturaleza jurídica ESTATAL al ser financiados por el Estado, o de otra forma explicada, en virtud de dicha forma de gobierno establecida, para poder ser un organismo más de la acción política, es el propio Estado el que legaliza y acoge o no a determinadas agrupaciones políticas en su seno, en base a un consenso estatal sujeto a la Monarquía como forma de Estado, transformándolos en organismos de autoridad, organismos de poder o facultades estatales, órganos permanentes del Estado (Sentencia del tribunal constitucional de la Jurisprudencia de Bonn). Por lo tanto, cualquier tipo de manifiesto mediático para separarse del Estado español es mentira, es una jugada chantajista particular del separatismo, descubriendo y dejando al desnudo la oportunidad de una propaganda mediática para el resto de los chantajeados, que se aprovechan de la extorsión en su propaganda para llamar al voto por miedo.
Todos sabemos lo que una verdadera separación de dichas regiones implicaría, ya no sólo que los partidos que dicen defenderla dejarían de ser legales y romper vínculos, tanto políticos como económicos, con la nación y el Estado español, sino su desaparición; un ejemplo Batasuna, derrotados por la potencia del monopolio de la fuerza estatal, la policía y servicios de seguridad del Estado, el cual torna a BILDU para transfigurarse por medio del consenso, como digo, exactamente igual que los demás, en un órgano ESTATAL. No es la tópica y manida frase de algunos de que: “España no sería España sin ellos, ni ellos podrían ser ellos sin España”, es que nadie puede elegir ser quien es, ni elegir nacer o no nacer o elegir el hecho de ser hijo de quien lo es, como lo son parte de la nación española dichas regiones. La propaganda del Referéndum ya sea regional o nacional, lo primero es una imposibilidad jurídica en sus propios términos, los habitantes de una región o nación no tienen esa facultad electiva sobre su propia nación, eso no existe en el Derecho en ningún país del mundo, excepto en el Convenio histórico que existe entre Escocia e Inglaterra, que no es comparable al alegato separatista en Cataluña, y es un absurdo y un rechazo a la esencia del significado propio que lleva consigo el concepto de nación. Y aquí se entra en otro tema, el cual no puedo desarrollar en un artículo de una cara de página, en cuanto al tema del “decisionismo” o la “decisionabilidad” de la nación que trastoca al propio concepto.
En cuanto al delito de secesión, delito de Lesa Patria, perfectamente está sancionado en el Código Penal, otra cosa muy distinta es que el gobierno no quiera acudir a su uso y lo quiera ignorar. Esas regiones son y pertenecen a la nación española, y digo nación, porque es el territorio determinado donde puede el Estado legalmente aplicar su soberanía o poder coactivo, por consiguiente, todo lo que vemos, incluso los asuntos legales como el famoso Decreto de Amnistía, que no tiene nada que ver por sus características de contexto político con ninguna amnistía y responden más a lo que es propio de los indultos, corresponde a los asuntos del Estado, y el Estado español, en esta forma de gobierno, es un Estado legislador, donde el gobierno en funciones legisla, ejecuta lo legislado y organiza la magistratura. Sujetos todos por el consenso, forzados y adecuados por la naturaleza institucional de la forma de gobierno a la corrupción, estos órganos de autoridad del propio Estado precisan de pactos para llegar al gobierno y poder así establecer una legislatura, como hemos visto excepcionalmente la última década, y son y han sido siempre en todo momento, precisamente, esas propias facciones que promueven el separatismo, cometiendo así un delito de secesión que nadie en España se atreve a denunciar pertinentemente en virtud del Código Penal, necesarias para formar los gobiernos en la presente Monarquía oligárquica o de partidos. Es normal pues, que nadie, ningún presidente, ningún empleado de partido denuncie esta violación de la legalidad vigente, y no sólo eso, sino que sacan partido de ella para su propaganda política.
En España, al no disponerse de un sistema representativo del elector, todos los miles de Decretos/Ley desde 1978 son legales pero ilegítimos, al no ser aprobados por una Cámara legislativa de representantes de distrito independiente del Ejecutivo para adquirir la cualidad jurídica propia de una Ley, como ocurre por ejemplo en Francia, Inglaterra o EE.UU., y, en virtud de la Carta otorgada de 1978, la cual prohíbe el mandato imperativo por el cual funcionan todos los partidos del Estado (Ley de hierro de las oligarquías de Robert Michells), todos estos Decretos son nulos de pleno Derecho, porque son dictados con mandato imperativo del gobierno en el “Banco azul”.
En España no se dictan leyes, las leyes no se dictan, se promulgan, son los decretos los que son propios jurídicamente de los dictámenes de gobierno; en España se gobierna por Decreto, exactamente igual que una dictadura, aunque la forma política o de gobierno no lo sea al ser de naturaleza oligárquica.
No es nacionalismo, es ESTATALISMO. Lo que manifiesta la reacción secesionista, dentro de la legalidad vigente de lo que me niego a llamar “autonomías”, es más poder ESTATAL. Más facultades estatales aludiendo a un “sentimiento nacional”, que está desubicado de la realidad política absolutamente. Porque lo que hay en España es una oligarquía de PARTIDOS ESTATALES, no hay una democracia como forma política, y todo lo que existe en la política interna se produce o está sujeta al valor principal que ordena a la oligarquía, que es el CONSENSO POLÍTICO. Todo lo que se hace en España funciona por CONSENSO, esto es, TODOS PIENSAN IGUAL PARA PODER ESTAR AHÍ, LEGALMENTE, EN EL ESTADO, COMO AUTORIDADES LEGALES.
El separatismo es el fruto y producto de una Ley fundamental o Carta otorgada que no procede de un periodo de libertad Constituyente, que se redacta en secreto, de espaldas a los españoles, que no es constitución porque no separa los poderes Legislativo y Ejecutivo, que se dicta sin previo referéndum y con la aprobación mediante un plebiscito nacional, sin Cortes constituyentes, que hace de los partidos señores absolutos como organismos de autoridad y dueños del derecho público o político, y que parte España en 17 pequeños Estados administrativos. Ese documento jurídico, llamado equivocadamente constitución, este elenco de poder, cargos y empresas públicas, es lo que se legitima en las urnas, que no tienen la facultad jurídica electiva, sino que única y exclusivamente sirven al votante para un refrendo o ratificación de todo lo anteriormente citado, que son las REGLAS DE JUEGO POLÍTICAS ESTABLECIDAS en España.
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Redactado por Antonio HR, viernes 19 de abril de 2024