V Capítulo de la Transacción española. Pactos entre traidores
La mal llamada “Transición española” no fue una transición, fue una transacción a costa de eliminar la participación de los españoles en la política. Unos pactos entre antiguos enemigos que daban legalidad para mantener el poder del Dictador a condición de eliminar e impedir la Libertad Política de todos los españoles. Son los herederos de Franco y la llamada “oposición” tales protagonistas. Los primeros, por pánico a la incertidumbre del “por llegar” ante una ruptura con el Régimen anterior y el miedo a desprenderse del poder unido con el oportunismo de los segundos de alcanzar los lares del Estado, todo estos pactos, de espaldas al pueblo, desembocan en los famosos “Pactos de Moncloa”, que dan continuidad al Régimen anterior por otros medios mediante la Reforma política; estableciendo otra forma de gobierno, de la Dictadura al Estado de partidos; con otro principio fundamental para su mantenimiento, de la censura se pasa al consenso político; de un partido único estatal a varios partidos estatales, respetando la sagrada condición política de la Dictadura, de que el poder se conforma desde arriba hacia abajo, es decir, que el pueblo gobernado no tiene incumbencia en absoluto en los asuntos de la Corte, característica principal que lo diferencia de ser un sistema político, donde el poder se constituye de abajo hacia arriba, a ser lo que realmente es, un Régimen de poder, con la misma estructura vertical y autoritaria que estaba establecida en el Régimen anterior: un único poder soberano en el Estado y división en funciones, lo que todavía hoy gran parte de los españoles siguen confundiendo con separación de poderes.
La transacción española fue un proceso constituyente que consistió en el reparto del poder del Estado, el que dejó el Dictador, de cargos y empresas públicas, con la excusa de la reconciliación y la concordia a la que llamaron consenso político; como nota original y colindante, y como papel moderador y mediador del poder político entre oligarcas, el Rey, la Monarquía instaurada por Francisco Franco, que jamás estuvo en son de Referéndum para la libre elección de formas de Estado ante los españoles, fue aceptada por el Rey Don Juan Carlos de Borbón, traicionando las peticiones de rechazo de tal propuesta de su padre Don Juan desde Estoril, lugar de su exilio del Conde de Barcelona. A España nunca llegó la Libertad, excepto la que se cantaba de manera cobarde y ridícula en las calles “sin ira”, que aceptaba sin recelo la barbarie moral de los pactos entre antiguos enemigos que establecía un consenso entre oligarcas traidores todos sin excepción a sus propios principios; tampoco la Democracia llegó a España, no hay un español que pueda elegir a ningún diputado que lo represente de no ser el jefe de partido que él mismo considera las lista que los españoles refrendan, mucho menos pueden elegir al presidente del gobierno. Se instaló un Estado de partidos o Partidocracia como forma de gobierno y se otorgaron unas libertades individuales y Derechos desde el poder instituido, lo que el pueblo español, en su inmensa y tradicional ignorancia en lo que concierne a los asuntos públicos, creyó y sigue creyendo hoy que es su Libertad. Se impuso, un sistema proporcional de listas, a condición de rechazar a la forma de Estado republicana que sostenía el Partido Socialista, propuesto por Felipe González, sistema de votación basado en el reparto de cuotas de poder a proporción de los votos captados, que haría imposible y aniquilaba todo conato de representación política del elector, quedando la opinión pública popular en la urna totalmente marginada. El objetivo último de este sistema de votación consiste nada más y nada menos que en lo que consistió en el Régimen anterior, habiendo retirado la facultad del elector de participar en los asuntos públicos y la elección de sus gobernantes, el acudir a la urna no tiene otra función política y jurídica que la de legitimar el reparto de poder, cargos y licencias entre los órganos estatales sin posibilidad de elección ni control de los gobernados a los gobernantes, dando continuidad y manteniendo así en vigor la degeneración, en términos políticos, del franquismo.
En España no hubo ruptura, a la muerte del dictador, hubo una Reforma política del Régimen anterior, más en concreto, una Reforma de las Leyes fundamentales del Reino de Franco. No hubo periodo de libertad Constituyente. No hubo Referéndum para decidir ni las formas de Estado ni las formas de gobierno. En España no hubo ni hay hoy constitución, lo cual, es la prueba más evidente de que no exista Democracia. Lo que hay en España, que está muy lejos de ser una verdadera constitución como documento jurídico, y según la definición técnica que consta en la ciencia constitucional, se denomina Carta otorgada, aunque perfectamente lo podemos denominar también Ley Fundamental. El documento jurídico que existe en España nunca ha estado en vigor ni jurídicamente puede estarlo, ya que no hay ningún juez que pueda sancionar ni una coma de lo que en ese papel mojado aparece. Es precisamente que dura tanto tiempo como “texto constitucional” porque jamás ha sido cumplido ni un minuto desde que lleva expuesto a la sociedad. Ni en el sentido material ni tampoco en el formal es posible definir como constitución tal documento: en lo material, que es su contenido, no puede ser constitución porque no sanciona ninguna separación de poderes en origen, y en el sentido formal, que se refiere a cómo se elaboró, no puede ser constitución porque no nace de un poder constituyente o período de Libertad Constituyente, sino que proviene de una elaboración en secreto de espaldas a la sociedad civil gobernada y desde un poder ya constituido, lo cual elimina de facto jurídicamente de que pueda ser considerado como constitución; a pesar de que muchos españoles crean o piensen que fue votada por ellos. La prueba evidente de que no hay constitución, lo cual no hay democracia, es la infinita y constante corrupción institucional, que no es un epifenómeno casual, momentáneo o local, sino que debido a la ausencia de constitución y unido a la condición de la forma de gobierno del Estado de partidos, la corrupción se establece en España desde 1978 como factor para poder gobernar, sistemática y sistémica. Se precisa de la corrupción para que se pueda funcionar, sin corrupción no podría funcionar nada ni nadie en España. La corrupción es necesaria para mantener el equilibrio del poder político y de todas las instituciones en el Estado de partidos y tras los “Pactos de Moncloa”, que dan el “pistoletazo” de salida a la ignominia sociopolítica.
Tras más de cuarenta años, hoy y en la actualidad, una mayoría de la sociedad española continúa, a pesar de los descaros y bochornos, confiando plenamente en las facciones del Estado de partidos. Aun siendo la degeneración y la corrupción de todo lo público el único factor para que se pueda funcionar en España, moral y materialmente, y pese a la gran mentira de la que el pueblo español se ha hecho partícipe apoyándola en la urna, hoy no se encuentra ningún tipo de oposición civil fuera de los márgenes de la oficialidad y de la legalidad estatal. En España no existe la oposición entre facciones, ya que todas conforman el poder dentro del Estado mediante el consenso como vía fundamental para que se de tal reparto, ya sea a nivel estatal como municipal o regional. El desencanto de la mayoría con este régimen político aún no ha traído la conmoción de la sociedad española para abrir una vía que manifieste una oposición real al Estado de partidos, los españoles siguen aún a expensas y a la espera de lo que dicten los partidos estatales que son los que tienen el poder. Más que el hecho de que no les incomode el despropósito del Régimen del 78, llama la atención la pasividad y la quietud de la que, vergonzosamente y en el sumun del hastío, el pirronismo y la miseria moral, soportan el vasallaje, la corrupción, la mentira y el abuso diario de poder, y como cima de lo aquí escrito, preponderar la voluntad de millones de españoles decididos a acudir a las urnas de la mano con la corrupción moral de la mayoría que permite así el gran fraude de la constitución de los pactos entre partidos dentro Estado.
Antonio HR para la revista Libertad-Política, lunes 22 de octubre de 2022.